Bolivia Ya Tiene Reglamentación Para Activos Digitales

No es una prohibición, pero tampoco una legalización total

Contrario a lo que algunos esperaban, la normativa no prohíbe el uso de criptomonedas ni servicios relacionados. Tampoco las legaliza como moneda de curso legal ni permite su uso como medio oficial de pago dentro del sistema financiero boliviano.

Lo que hace es establecer reglas claras para las empresas que quieran operar formalmente con activos digitales dentro del país. Y cuando hablamos de activos digitales, el concepto abarca prácticamente todo: criptomonedas, tokens, plataformas de compraventa, wallets, servicios de custodia, tokenización de bienes reales, remesas en cripto y cualquier producto o servicio financiero basado en tecnología blockchain.

¿A quiénes aplica esta normativa?

La norma es clara: toda empresa que ofrezca servicios relacionados con activos digitales y tenga presencia en Bolivia está obligada a cumplir con lo siguiente:

• Registrarse ante la ASFI.
• Tener domicilio legal en territorio boliviano.
• Designar un representante legal en el país.
• Implementar políticas de seguridad informática, atención al cliente y prevención de lavado de dinero.
• Acreditar un capital mínimo que se definirá caso por caso.

Esto aplica directamente a fintechs que ya operan de forma legal en Bolivia, como Meru, Takenos, Peyo, Kovan, y potencialmente a nuevas interesadas como Wallbit, LemonCash o Cocos Capital, si decidieran ingresar al mercado nacional con representación formal.

¿Y qué pasa con Binance, Airtm, Hapi o RedotPay?

Este es el punto que más preguntas ha generado. ¿Están obligadas estas plataformas a salir del país? ¿Deben registrarse? ¿Nos van a cerrar las cuentas?

La respuesta es no. O al menos, no por ahora.

Y es que la ASFI, por más autoridad que tenga dentro del sistema financiero nacional, no tiene competencia legal sobre empresas extranjeras que no tienen presencia formal en Bolivia. Binance, por ejemplo, no cuenta con oficina, NIT ni representante legal en el país. Lo mismo ocurre con Hapi, Airtm, Bybit, MEXC y otras plataformas ampliamente utilizadas.

Por tanto, al no estar registradas localmente, estas empresas no están bajo la jurisdicción directa de la ASFI.

¿Eso significa que no puede pasar nada?

No exactamente. La ASFI sí puede emitir advertencias públicas o incluso presionar al sistema bancario para que no facilite operaciones vinculadas a estas plataformas. Ya ocurrió antes con restricciones a compras con tarjeta en exchanges, y podría volver a pasar.

¿Es probable que eso suceda pronto? En el contexto actual, es poco probable. Estamos a poco más de un mes de las elecciones generales, y decisiones de ese tipo con impacto directo en miles de usuarios suelen evitarse en tiempos preelectorales. En todo caso, si algo llega a cambiar, lo más probable es que sea una decisión del próximo gobierno.

Además, mientras estas plataformas sigan operando desde el exterior, la nueva normativa no las obliga a cerrar ni a dejar de atender a usuarios bolivianos. Tampoco les exige bloquear cuentas ni compartir información con el Estado, a menos que voluntariamente decidan hacerlo para evitar complicaciones legales, como ocurrió con Wise en su momento.

La advertencia está sobre la mesa: el riesgo lo asume el usuario

Uno de los puntos más importantes que introduce esta normativa es que, ahora, el uso de plataformas no reguladas queda oficialmente bajo responsabilidad del usuario.

Esto no es nuevo, pero ahora está claramente establecido en la normativa. Si un usuario pierde fondos en una plataforma que no está registrada en Bolivia, no podrá reclamar ni al Estado ni a ninguna entidad local. En la práctica, esto también permite que los bancos eviten responsabilidades frente a operaciones cripto, lavándose las manos bajo el amparo del marco legal.

¿Qué cambia realmente?

En términos prácticos, nada cambia para el usuario promedio. Las personas podrán seguir usando Binance, Airtm, Hapi, RedotPay, Bybit o cualquier otra plataforma como hasta ahora.

Lo que sí cambia es el marco legal para las empresas bolivianas que quieran operar de forma transparente y cumplir con la ley. Ahora tienen una vía regulada para ofrecer servicios relacionados con criptomonedas, y eso puede abrir las puertas a más competencia, innovación y confianza en el ecosistema local.

Mientras tanto, las plataformas extranjeras seguirán operando por su cuenta, fuera de la supervisión directa del Estado boliviano, lo cual ofrece libertad, pero también implica ciertos riesgos.

¿Una amenaza o una oportunidad?

En resumen, esta no es una ley que prohíba a Binance ni obligue a Airtm a retirarse. Es más bien un primer paso —tardío, pero necesario— para empezar a dar forma legal al ecosistema cripto y fintech en Bolivia.

Aunque sus alcances aún son limitados, representa una señal clara de que el país empieza a tomarse en serio la regulación del sector. Y si se aplica con criterio y sin persecución, podría convertirse en una herramienta útil para impulsar la innovación sin poner en riesgo a los usuarios.

El tiempo dirá si esta norma marca un antes y un después, o si quedará como otro documento que solo unos pocos leyeron completo. Por ahora, el mensaje es claro: quien quiera operar en Bolivia con activos digitales, debe asumir las reglas o quedarse al margen.

Y quien quiera seguir usando plataformas no reguladas, que lo haga con los ojos bien abiertos.

Arsac – Tiktok @Arsac944  – Youtube Cripto Arsac

Creador de Contenido de Economía y Finanzas

Ingeniero Químico

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